Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) publica el informe Situación de los Derechos Humanos
en el Perú en el contexto de las protestas sociales, a través del
cual aborda el contexto de la crisis de institucionalidad democrática y social,
observada por la CIDH en la visita de trabajo del 11 al 13 de enero de 2023.
El informe se circunscribe a los hechos ocurridos entre el 7 de
diciembre de 2022 y el 23 de enero de 2023, sobre los que contiene una relación
pormenorizada en orden cronológico. Para su elaboración, se trabajó con
entrevistas e información recibida en terreno e información complementaria
posterior a la visita, en su mayoría de fuentes oficiales.
En su análisis, la CIDH observó que las protestas que iniciaron
el 7 de diciembre de 2022 tienen demandas políticas explícitas y coyunturales.
No obstante, en su base existen exigencias de comunidades campesinas y pueblos
indígenas que deben ser atendidas por el Estado. Entre ellas se encuentran el
acceso a derechos en condiciones de igualdad y sin discriminación, mayor
representación política, consulta previa sobre proyectos extractivos y la
distribución equitativa de la riqueza que éstos generen.
Uno de los hallazgos es que existe un deterioro generalizado del
debate público con una fuerte estigmatización por factores étnicos-raciales y
regionales, al igual que una fuerte tensión entre Lima y otras regiones donde
predomina la población indígena y campesina. Aunado a ello, las confrontaciones
entre los poderes públicos y las sucesivas crisis políticas vividas en el país
desde el 2016 han profundizado la polarización social y la desconfianza en las
instituciones.
En las protestas que tuvieron lugar desde el 7 de diciembre de
2022, se registraron situaciones de violencia no protegidas por el derecho a la
protesta. Sin embargo, la Comisión observa que la respuesta de las fuerzas
estatales no fue uniforme en todo el territorio nacional y que se registraron
graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos. En efecto, de
la información recibida en Lima, Ica, Arequipa y Cusco, se desprende que la
respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado,
indiscriminado y letal de la fuerza. Esto se confirma por factores como el alto
número de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del
cuerpo por impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones; así como por la
ubicación de un número importante de víctimas que ni siquiera estaban participando
de la protesta o se encontraban en las inmediaciones de los focos de
conflictividad.
En el caso de Ayacucho, se registraron graves violaciones de
derechos humanos que deben ser investigadas con debida diligencia y con un
enfoque étnico-racial. Al ser perpetradas por agentes del Estado, la Comisión
concluye en su informe que las muertes ocurridas podrían constituir ejecuciones
extrajudiciales. Además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la
vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse
como una masacre.
En el caso de Juliaca, la CIDH concluye que se habrían
presentado situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte
de agentes del Estado, que habrían resultado en graves violaciones de derechos
humanos en contra, tanto de participantes en las protestas, como de terceras
personas. Todo esto en el marco de una compleja situación violenta, que inició
con enfrentamientos dentro del perímetro del aeropuerto, en donde las fuerzas
de seguridad fueron atacadas con piedras, palos y fuegos pirotécnicos, como
avellanas.
En sus conclusiones, la Comisión señala, además, que la
superación de la crisis en el Perú requiere de un diálogo amplio, genuino e
inclusivo, con enfoque intercultural y territorial, donde todos los sectores de
la sociedad sean representados. Igualmente, formula recomendaciones en
materia de diálogo y superación de la crisis; seguridad ciudadana; reparación y
atención a víctimas de violaciones de derechos humanos; lucha contra la impunidad;
institucionalidad democrática; y libertad de expresión, reunión y asociación.
La CIDH agradece al Estado por su apertura al escrutinio
internacional; en particular, por toda la información aportada antes, durante y
con posterioridad a la visita; a las organizaciones de la sociedad civil y
otros actores sociales; y a las víctimas y familiares.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de
Estados Americanos (OEA), cuyo mandato se deriva de la Carta de la OEA y de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene
el mandato de promover la observancia y defensa de los derechos humanos en la
región y actúa como órgano asesor de la OEA en la materia. La CIDH está formada
por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de
la OEA a título personal y no representan a sus países de origen o residencia.
¿Cómo responder a este informe?
Para mi queda claro que los derechos humanos son una manera
de lavarle la cara al sistema capitalista, ¿Cómo pensar en un mundo con
derechos humanos cuando el capital está por sobre la vida? Más en esta lavada de cara el gobierno de Dina
queda sin legitimidad es decir el capitalismo global no la apoya, quedando
bastante débil. ¿Pero el sistema peruano se apoya en el capitalismo global? Si
por supuesto en gran medida sin embargo nuestro capitalismo carece de una
revolución ilustrada y de un liberalismo comprometido con los derechos humanos
en la interna la clase dirigente se sigue apoyando en un sistema colonial
racista y clasista, donde los criollos limeños se asumen como superiores y han
construido todo un sistema para que así sea donde a una educación con prestigio
no con calidad sino con reconocimiento interno social puedan acceder en su mayoría
criollos con cierto poder económico así que con el informe se limpian el culo nuestras
elites.
Y nosotros ¿Qué hacemos?
¿Podemos retomar la lucha ahora con más fuerza?
Este tiempo precioso en que la lucha ha bajado de intensidad
hemos debido organizarnos, crear comunidades, fortalecer las que ya tenemos,
discutir un horizonte distinto a la democracia capitalista, pero no muchos ya están pensando
en la campaña electoral lo cual es una estupidez total ya que toda la institucionalidad
está tomada por la derecha, prestarse al juego electoral es no marcar distancia
de la corruptela política, ahí estará Antauro jugando sus cartas ¿Apoyaran a Antauro
después de su traición? Si es así, no vale la pena luchar porque seguimos
cambiando mocos por babas.
Este 28 de julio debería haber una gran marcha nacional con
una paralización total hasta que el gobierno caiga junto con todo el congreso que
es el que verdaderamente está gobernando
sostenido por el poder económico ¿Pero estamos preparándonos para esta gran
lucha o estamos pensando en nuestros intereses?
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